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RECLAMAN JUSTICIA ECONOMICA Y SEPARACION DE IGLESIA Y ESTADO EN EL
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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La
Coalición 8 de marzo, convoca a marchar el próximo domingo,
Día Internacional de la Mujer, desde Plaza Dársenas hasta el
Capitolio para reclamar justicia económica para las mujeres y la
separación de Iglesia y Estado.
Separación de Iglesia y Estado
El
Gobernador Fortuño y su gabinete, así como la mayoría legislativa han develado
el deterioro de uno de los pilares de la democracia: la separación de la Iglesia
y el Estado. Los planes del nuevo gobierno de canalizar su obra social a través
de las comunidades de base de fe, la promesa de revivir y aprobar la Resolución
99, la oposición de la mayoría senatorial a la confirmación de la Procuradora de
las Mujeres y la derogación de la carta circular sobre la perspectiva de género
en el sistema educativo, son ejemplos de la alianza del nuevo gobierno con los
sectores fundamentalistas. Tan reciente como ayer,
el Gobernador
anunció la designación de José Ortiz Valladares, ex director del periódico
católico "El Visitante", conocido vocero contra los derechos de las mujeres,
como secretario de prensa.
La
Coalición 8 de marzo
le recuerda al Gobernador, su Gabinete y a la Legislatura que vivimos en una
sociedad democrática donde la Constitución expresa en el Artículo II sección 3,
la completa separación de Iglesia y Estado. Esta es la única forma de garantizar
una sociedad democrática, en la cual el Estado adopte una postura neutral ante
la diversidad de posturas sobre la fe. Conservar su carácter laico supone lograr
una separación total y clara entre la competencia de la Iglesia, que corresponde
a las personas creyentes, y las del Estado, que corresponden al interés público
y a la ciudadanía.
Las mujeres tenemos derecho a la autonomía y a la autodeterminación en el
ejercicio de la sexualidad que incluye el derecho al placer físico, sexual y
emocional, el derecho a la libertad en la orientación sexual y el derecho a la
información. Nos corresponde decidir sobre nuestra vida reproductiva de manera
libre e informada y ejercer el control voluntario y seguro de nuestra
fertilidad, sin discriminación, coerción y violencia. Exigimos un futuro en el
que participemos en la formulación de la política pública y de legislación para
el diseño y la planificación de programas de salud, educación y bienestar social
con perspectiva de género, accesibles para todas.
JUSTICIA
ECONÓMICA PARA LAS MUJERES
Sabemos que el mundo entero atraviesa por una profunda crisis económica y Puerto
Rico no es la excepción. En el día de ayer, el Gobernador anunció varias de las
medidas para la llamada “reconstrucción” económica del País. Algunas de éstas
estaban contempladas en las recomendaciones del Consejo Asesor de Reconstrucción
Económica y Fiscal (CAREF), las cuales ponen la carga sobre el pueblo
trabajador, especialmente, sobre el sector público. Algunas de estas medidas son
la congelación de salarios, el despido masivo bajo la cortina del “retiro
incentivado” y la reducción de la jornada laboral, con la consecuente reducción
de salario. No nos llamemos a engaño, la “congelación de salarios” significa
dejar sin efecto los aumentos negociados en convenios colectivos. El “retiro
incentivado” es un paso previo al despido para cumplir con sus “metas de
ahorros”. También anunció la implantación de las “alianzas público privadas”,
que no son otra cosa que la nefasta política de privatización. Lo anunciado ayer
es sólo el inicio de la implantación de las medidas que el CAREF le recomendó.
Las mujeres cargarán con gran parte del peso de estas medidas. Habrá un
empobrecimiento mayor de las mujeres, porque actualmente el 45% de las familias
en PR viven bajo el nivel de pobreza y dentro de ese sector, el 60-65% son jefas
de familia.Perderán ingresos al reducir la jornada laboral sin aumentar el
salario y al obligar al retiro temprano.
Gran parte de la pérdida de empleos será de mujeres, que son la mayoría del
sector público. Es predecible que la reducción de empleos provocará la pérdida
de viviendas, la reducción del poder adquisitivo y el empobrecimiento de los
servicios públicos.
Las mujeres reclamamos que el Gobierno ponga el peso de sus medidas económicas
sobre los grandes intereses que sacan billones de dólares en ganancias por las
que no aportan al fisco. Exigimos medidas alternas de justicia económica para
los sectores en más desventaja y reclamamos que las ramas y agencias
gubernamentales asignen el presupuesto con perspectiva de género.
Las mujeres asumiremos un rol proactivo ante tan grave panorama económico y
social. Debemos unirnos con los distintos sectores del pueblo para resistir
estos planes nefastos que atentan contra el bienestar, paz y tranquilidad en la
sociedad.
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